Ratis de biblioteca

Lo sucedido en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA durante la jornada de protesta en mayo de 2016 es una buena oportunidad para hablar de la situación de las bibliotecas públicas de la ciudad de Buenos Aires.

El lunes 9 de mayo una horda policial se presentó ante los manifestantes (profesores y alumnos que imparten clases en la calle como forma de protesta) para amenazarlos que, en breve, serían desalojados. La amenaza encendió las alarmas ya que las fuerzas de seguridad de Argentina son conocidas no solo por el elevado grado de corrupción sino, y fundamentalmente, por la brutalidad de sus procedimientos.

Los argentinos saben bastante sobre la mafia policial, ya sea de sus actividades (su relación con los narcoprostíbulos, con los desarmaderos de autos, con el fifty-fifty en los robos barriales) como de sus ejecuciones (por ejemplo el fusilamiento de tres manifestantes en el parque Indoamericano a pocos minutos de la Facultad, quienes protestaban por el derecho a la vivienda en terrenos fiscales) así que no provocó asombro pero sí preocupación la actitud amenzante ante los responsables de una de las bibliotecas mas importantes del país. Quizás el patoterismo policial quiso celebrar el onomástico de la quema de libros por los nazis el 10 de mayo de 1933.

La Biblioteca de la Facultad de Filosofía y Letras es una de las más importantes no solo del país sino de Sudamérica. La Biblioteca Central cuenta en su acervo con más de 393.000 volúmenes. Y aquí viene la cuestión. La Facultad se encuentra en uno de los barrios mas populosos de la ciudad, Caballito que, con 176 mil habitantes, solo es superado en población por el barrio de Palermo con 225 mil vecinos. A pesar de ello no cuenta en su territorio con ninguna biblioteca pública municipal. Pero hay más.

Si nos vamos a los barrios aledaños (hacia el este y por la arteria principal, la Avenida Rivadavia) encontramos que tampoco Almagro, Balvanera y San Cristobal cuentan con bibliotecas municipales. Estos cuatro barrios tienen una población conjunta de casi 490 mil vecinos. Si nos dirigimos hacia el oeste por la Avenida Rivadavia hasta el límite de la ciudad, solo encontraremos tres minúsculas bibliotecas: la “Mariano Pelliza” (Flores sur) con 15 mil volúmenes, la “José Hernández” (Liniers) con 10 mil volúmenes y la “Hilario Ascasubi” (Floresta) con 8 mil volúmenes. Estamos hablando ahora de una población cercana al millón de habitantes ubicados sobre el eje de la principal arteria de la ciudad (Avenida Rivadavia) solo servidos por tres bibliotecas municipales verdaderamente minúsculas. Demás está decir que el horario de estas tres bibliotecas municipales está especialmente pensado para la clase trabajadora: atienden de lunes a viernes de 10 a 17 hs. Por eso la Biblioteca de “Filo” es un verdadero oasis ante semejante desierto.

Pero a ello hay que agregarle la falta de contenido. Veamos. Quiero leer en alguna de las 38 bibliotecas municipales de la ciudad, a algunos ganadores de los Premios Nobel de los últimos veinte años: ¿Algo de Pinter? Nada;  ¿Algo de Kenzaburō Ōe? Nada; ¿Algo de Dario Fo? Nada; ¿Algo de V. S. Naipaul? Nada ; ¿Algo de Kertész? Nada; ¿Algo de Coetzee? Nada; ¿Algo de Pamuk? Nada; ¿Algo de Tranströmer? Nada; ¿Algo de Mo Yan? Nada; ¿Algo de Herta Müller? Nada. Podríamos seguir así hasta el hartazgo.

Pero aún hay más. Si nos atenemos a las cifras de novedades vemos algunos datos verdaderamente escandalosos: ¿Cuántos títulos entraron el último año? Desde mayo de 2015 hasta mayo de 2016 entraron 831 títulos para un total de 38 bibliotecas municipales. A razón de 21,86 títulos por biblioteca o, lo que es lo mismo, menos de dos títulos por mes por biblioteca. ¿Eso es mucho o es poco? Comparemos. 831 títulos en un año.

Madrid capital (con tres millones de habitantes) adquirió el último mes (repito: mes, no  año)  4.051 títulos; si ampliamos a la Comunidad de Madrid (seis millones de habitantes) las bibliotecas ingresaron 11.130 títulos.

Si medimos con la Comunidad de las Islas Canarias (España) que tiene tres millones de habitantes, las cifras son elocuentes. Las bibliotecas canarias ingresaron el último mes (mayo 2016) 7.282 títulos.

Si medimos con una importante capital latinoamericana como es Bogotá (ocho millones de habitantes) veremos que el sistema de Bibliored municipal adquirió el último mes 1.550 títulos.

Pero ese vaciamiento debe complementarse con algo y ese algo es, precisamente, el permanente acting out desenfrenado de las fuerzas de seguridad. El raid de los gansters uniformados no terminó con las amenazas a los docentes y estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras y su Biblioteca sino que prosiguió, en el barrio de Caballito, cuando una de sus hordas intentó confiscar los equipos de la televisora comunitaria Antena Negra TV debido a una larga y tragicómica disputa con la empresa Prosegur.  El contundente apoyo ciudadano impidió esta segunda confiscación en menos de un año.

La empresa Prosegur, vinculada al terrorismo de estado que asoló al país hace tres décadas, acusa a Antena Negra TV de interferir sus comunicaciones con la Policía Federal. El género tragicómico viene dado porque Prosegur y la policía se comunican con la frecuencia de 511 mhz, aún cuando la normativa legal (Ley Nº 23.478/86) sostiene que las frecuencias de 509 a 512 deben ser utilizadas solamente para servicios audiovisuales (radio y televisión abierta). Por si fuera poco la norma refrenda convenios internacionales como el  Convenio Internacional de Nairobi (1982). El argumento del juez, un cuasi-empleado de Prosegur, es que la televisora no tiene licencia (cosa cierta: el mismo Estado hace años no abre la convocatoria para el otorgamiento de las frecuencias) aunque ejerce el derecho (superior) de expresarse e informar. Lógicamente, el uso ilegal de la frecuencia 511 mhz por parte de Prosegur reporta jugosas ganancias a ambas hordas uniformadas, a las del sueldo público y a las del sueldo privado.

Las amenazas gansteriles son preocupantes. El actual contexto de persecución policial a las actividades culturales se enmarca en una cultura política de profundo oscurantismo y que podríamos calificar de “lopezrreguismo cultural” sobre el cual ya hablaremos. No es de extrañar que el actual ministro de Comunicaciones sea Oscar Aguad, el político que fue el apoyo más firme al General Luciano Benjamín Menéndez, uno de los carniceros más feroces de la última dictadura militar y que supo hacer con los libros lo que único que sabe hacer esta clase de gente: quemarlos.

Aguad_Benjamin_Menendez
El actual ministro Oscar Aguad, con la cabeza gacha, atrás del carnicero.

 El 29 de abril de 1976 la oficina de prensa del III Cuerpo de ejército citó a diferentes periodistas de la ciudad de Córdoba para que se acercaran a las instalaciones del Regimiento 14 de Infantería, enfrente del despacho del general Luciano Benjamín Menéndez, el socio militar del actual Ministro de Comunicaciones del gobierno de Mauricio Macri. Ante la presencia del general y la del teniente coronel Gorleri, Jefe del Regimiento, los periodistas vieron como centenares de libros previamente confiscados de las librerías de Córdoba ardían en una gran fogata. Gorleri perpetró una justificación: “Incineramos esta documentación perniciosa que afecta al intelecto, a nuestra manera de ser cristiana…, y en fin a nuestro más tradicional acervo espiritual sintetizado en Dios, Patria y Hogar”. La quema propiciada por el socio del actual ministro macrista no llegó a las dimensiones de la quema de libros del Centro Editor de América Latina en 1980, en Sarandí, Buenos Aires (decenas de miles de volúmenes) pero fue casi tan significativa como esta.

En estos fríos de mayo, los docentes y estudiantes de “Filo” supieron parar a estas hordas de uniforme. Un verdadero ejemplo para todos los ciudadanos, sobre todo para los que somos herederos del Firmín de Sam Savage y que estamos en la vereda opuesta de estos patéticos “ratis” de bibliotecas.

Patricio Reyes Caldarone

Graduado (Cum Laude) de la carrera de Artes de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA.

Nota: El viernes 13 de mayo de 2016 el gansterismo policial ocupó la sede de la Dirección Municipal de Música de la calle Alsina de la Ciudad de Buenos Aires y no permitió acceder a sus trabajadores que habían convocado una Asamblea para peticionar por sus condiciones laborales. A fines de marzo del mismo año las fuerzas policiales habían sitiado las instalaciones de la Biblioteca Nacional por las mismas razones.

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