El juez Otranto y los “negros de mierda”

Muchísimas veces sucede que dichos y eventos importantes realizados fuera de los focos periodísticos de las grandes o medianas ciudades suelen perderse en el tiempo y quedar como simples anécdotas de pueblo.

El caso de la detención-desaparición de Santiago Maldonado por parte de las fuerzas de la Gendarmería Nacional argentina es, precisamente, lo contrario. Adquiere una dimensión internacional y es de una gravedad inusitada, aún por encima de casos similares como el de Julio López o Miguel Bru. Es en vinculación con estos grandes casos que esas pequeñas anécdotas pueblerinas de la que hablabamos, prontas a desaparecer, adquieren una importancia mayúscula. A partir de la detención-desaparición de Santiago Maldonado nos vamos enterando de situaciones y contextos que, de otra forma, quizás nunca habríamos reparado en ellos.

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Juez Federal Guido Otranto

No es mi objetivo aquí reseñar el patético desempeño del juez Guido Otranto o de la fiscal a cargo del caso de la detención-desaparición de Santiago Maldonado y sus complicidades con los responsables de Gendarmería. Ya hay suficiente evidencia periodística al respecto. Ni tampoco cargaré las tintas sobre la política crecientemente represiva por parte de los aparatos del estado. Ya muchos dirigentes políticos y organismos de Derechos Humanos dan cuenta de ello. Simplemente les hablaré de algunos pocos elementos de la argamasa, de la vasta urdimbre sociocultural a partir de la cual es detenido y desaparecido Santiago.

Blanquito

Cincuenta y tres días antes de la detención de Santiago, dicho juez informaba a la prensa que había archivado una denuncia contra Ricardo Parisi, el concejal de Cambiemos en Esquel quien, el miércoles 12 de abril de 2017 en una sesión del Consejo Deliberante local, había proferido brutales insultos racistas y discriminatorios contra los mapuches. El concejal Parisi había afirmado a los gritos: “ustedes son unos negros de mierda; yo soy blanquito y no tengo sangre ni mapuche ni tehuelche”.

Semejante afirmación iba dirigida a un grupo de mujeres del Sindicato de Obreros y Empleados Municipales (SOEME) de Esquel y del Consejo Municipal de la Mujer. De acuerdo a lo informado por un diario local, para Marcela Fernández, del área de Género del SOEME “Quizás Parisi se cansó de escuchar a mujeres que estábamos en la sesión, y nos trató de negros diciendo que él es blanco, para retirarse y pasar al lado de la banca de la concejal María Eugenia Estefanía, manifestando que no quería estar con los negros”.

Al Concejal se le dio, días después, la posibilidad de rectificar sus dichos, pero no solo no lo hizo sino que volvió a ratificarlos: “Yo no me arrepiento, yo me mantengo firme en lo que digo. Yo nací y me críe en este pueblo conviví con mucha gente de su raza y tengo grandes amigos de ellos” afirmó muy suelto de cuerpo y de lengua.

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Todas las denuncias cayeron en saco roto: Ya sea en el Concejo Deliberante en donde, al debatirse la destitución o el mantenimiento del Concejal Parisi, la mayoría oficialista de Cambiemos votó a favor de su permanencia; ya sea en el INADI, en donde terminó en un cajón o, la frutilla del postre, en el mismísimo Juzgado Federal de Esquel, a cargo de Guido Otranto. Este juez, el jueves 8 de junio de 2017 justificó el archivo express de la causa Parisi porque “no hubo ninguna violación a la Ley 23.592” (la Ley Antidiscriminatoria) y que, por lo tanto, es perfectamente legal que un funcionario pueda, en un recinto municipal, dirigirse a un grupo de personas llamándolas “negros de mierda”, abrirse la camisa y mostrar el pecho ufanándose de no tener sangre mapuche, tal como lo hizo el Concejal racista.

Ofrenda floral

Un par de datos, para nada menores, es que el Concejal Parisi no es una figura política relevante en la propia bancada oficialista del bloque Cambiemos en Esquel. Ni siquiera es titular, es un Concejal suplente. El otro dato importante es que el caso del Concejal racista llegó a oídos del gabinete nacional habiendo constancia periodística sobre el conocimiento del secretario de DDHH, Claudio Avruj al respecto. Sin embargo, planteada la destitución de un políticamente minúsculo concejal suplente en un Consejo Deliberante de una pequeña ciudad, hubo una férrea voluntad política de mantenerlo, expresada tanto a nivel nacional como provincial y municipal.

Otro elemento que proviene del entorno donde se produjo la detención-desaparición de Santiago es aún más escalofriante. El último 24 de marzo, diecinueve días antes del exabrupto racista del Concejal y en el marco del día de la Memoria, Jorge Junyent, presidente del Concejo Deliberante local, expresándose en nombre del Intendente Sergio Ongarato afirmó, con ofrenda floral incluida, que el homenaje debería ser tanto para las víctimas del terrorismo de estado como para sus verdugos, en una reactualización perversa de la teoría de los dos demonios. Los asistentes se quedaron de piedra, entre ellos Rubén Amaturi, hermano de Norberto Amaturi, desaparecido en la dictadura. Pasados los segundos de asombro y estupor, los abucheos entre los asistentes se hicieron sentir.

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Metáforas visuales: Contrabandista, integrantes de una banda delictiva estatal y un helicóptero.

Hipótesis

Es en este contexto sociocultural de esa localidad en el que se produce la detención y desaparición de Santiago Maldonado en el marco de una violenta represión a una comunidad mapuche. Ello nos habilita a la reflexión en torno a tres hipótesis plausibles sobre cómo entender el suceso.

La primera hipótesis se refiere a una escalada en el discurso y accionar de la política represiva por parte del estado en relación a diferentes colectivos (trabajadores, jóvenes pobres, comunidades aborígenes, etc.). Santiago desapareció en su carácter de adherente a uno de estos colectivos. La idea concomitante de esta hipótesis es que la política de ajuste irá de la mano de una política represiva que se retroalimentará en el tiempo. Santiago sería una víctima directa de tal política.

La segunda, se relaciona con la razón instrumental, con la técnica política, en la que se destacaría la impericia gubernamental en la política de fusibles y gestión de crisis. Un manejo razonable de cualquier gobierno, en una situación similar, haría saltar los fusibles de manera escalar y progresiva de acuerdo a la gravedad y evolución del caso. Los fusibles en orden creciente son: descabezamiento de las jefaturas de escuadrones responsables, renuncia del responsable del operativo, del Jefe de Gendarmería, de los secretarios responsables del Ministerio de Seguridad, del Jefe de Gabinete del Ministerio, de la Ministra. Con el correr de los días se demostró que es la hipótesis más débil: no hay impericia gubernamental en su política de fusibles ante el “escándalo sobrevenido” sino una decidida voluntad política de sostener toda la cadena de mando, desde el grupo de gendarmes que se llevó a Santiago hasta la ministra. La misma voluntad política de sostener al racista concejal suplente de Esquel. En esta hipótesis pivotea la idea de que el “escándalo de la desaparición” y no la desaparición sería el problema para el poder político.

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Foto Enfoque Rojo

La tercera hipótesis es la más preocupante y está referida a la creciente autonomización e influencia política de las fuerzas represivas del estado. Con el caso Santiago la Gendarmería estaría midiendo la cancha, probando hasta dónde puede avanzar, consolidando “pactos de silencio”, cotejando cuáles son las lealtades políticas (estatales y no estatales) y corporativas enviando, además, globos sonda para verificar el grado de repercusión en los formadores de opinión y en los diferentes sectores sociales. Y el resultado es dramático y obvio a partes iguales: La Gendarmería le va ganando a los policy makers del poder del mismo modo que la policía bonaerense lo hizo, en mayo del corriente año, cuando logró imponer a la casta política gobernante a Fabián Perroni como jefe de una de las mayores bandas delictivas uniformadas de Sudamérica. Fabián Perroni viene, precisamente, de la comisaría novena de La Plata, en la misma época y lugar cuando desapareció el estudiante de periodismo Miguel Bru. Una muy destacada y filosa periodista, Adriana Meyer, en un reciente artículo (“Desaparecer en “democracia”: otra vez el Estado encubre sus crímenes”) hace una pormenorizada descripción de casos de detenciones-desapariciones por parte de las pandillas uniformadas estatales en los últimos años tanto a nivel nacional como de la provincia de Chubut. Los casos son escalofriantes y se podrían encuadrar en esta tercera hipótesis. La autonomización de las fuerzas represivas se desarrollaría en el marco de una evidente patente de corso otorgado por el estado. Es una política que podríamos llamar “política represiva de subsidiariedad”: La acción represiva y sus consecuencias serán resueltas por la instancia más cercana a sus víctimas. “Lo arreglan ustedes solos: no molesten al comisario /al jefe de policía/al Secretario/al ministro”.

Las tres hipótesis se mezclan y solapan entre sí y cobran mayor o menor relevancia según la vertiginosa dinámica política. Lo que sí es cierto es que la importante agitación mediática sobre el “fantasma del terrorismo y la violencia política” realizado tanto por Clarín (el periódico oficial de los servicios) como por La Nación (el periódico de la derecha oligárquica que, sin ser portavoz directo de los servicios de inteligencia, usa profusamente la información proveniente de estos) muestra que la tercera hipótesis es la que prevalece. La ya comprobada existencia del llamado “Proyecto X”, referido al espionaje político y denunciado precisamente por Adriana Meyer hace unos años en su blog “Ojos Vendados”, se fue superando o “perfeccionando” con creces.

Nunca fue tan informativo y tan ilustrativo el juez Federal Guido Otranto cuando el jueves 8 de junio de 2017 sostuvo que es perfectamente legal que un funcionario político pueda insultar a los mapuches diciéndoles “negros de mierda”. Cincuenta y tres días después del insulto racista legalizado por el juez de Esquel y desde esa misma localidad salían las camionetas de Gendarmería para comenzar otra “cacería de mapuches”, una más de la siniestra e interminable conquista del desierto. “Negros de mierda” ya no es simplemente un exabrupto legalizado por un juez cómplice y encubridor, sino que es el grito de guerra de estas huestes de pandilleros uniformados dirigido hacia cualquiera que pueda incomodar, social o políticamente, a sus patrones. Y Santi incomodaba en su aspecto, en su humildad y en su pedagógico testimonio.

La enseñanza de Santiago es la identificación plena y corporal con una lucha que lo trasciende a él como sujeto al mismo tiempo que nos interpela a nosotros como sociedad también en lucha por cambios estructurales.

Santiago Maldonado no era mapuche pero a partir de él, hoy, lo somos todos.

N. Patricio Reyes C. 

 

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2 comentarios en “El juez Otranto y los “negros de mierda””

  1. Me pareció muy buena la nota y tiene el merito de pensar las hipótesis de cual es la intencionalidad política del Estado. No comparto la idea de Operativo Independencia de baja intensidad en el sentido que entiendo a la intervención del ejercito en el monte tucumano contra el ERP en 1975 como un anticipo o ensayo general del genocidio en condiciones sociales de un ascenso de la clase trabajadora que buscaba ser derrotado. Previo y contemporáneo al Operativo Independencia hubo Triple A. Pero más allá de este matiz me parece un excelente intento de pensar el caso Maldonado desde un orientación represiva más general del estado capitalista o de sus fuerzas represivas actuando con relativa autonomía.
    Saludos

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    1. Gracias Facundo por el aporte. Es correcto lo que decís. El sentido de lo que quise expresar, haciendo una segunda lectura, está mal construido y la comparación que establezco se ve forzada. Faltaría un párrafo aclaratorio que permita entender que la homologación entre el “O. Independencia” del 75 y el supuesto “O. Independencia de hoy” se refiere exclusivamente al creciente proceso de autonomización de las fuerzas represivas y al hecho que parece que la Gendarmería marca las políticas y el poder político las hace propias. En ningún caso quise homologar situaciones históricas tan diferentes y tendría que corregir o sacar el fragmento de ese párrafo para que no se preste a confusión. De cualquier manera estamos en la zona gris de las patentes de corso: entre la eterna y difusa diferencia entre el pirata que roba para sí (el comisario y sus prostíbulos o su represión barrial resentida) y el corsario con patente de corso (con la venia cómplice, callada y bajo cuerda del poder político).

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